Que un ataque informático puede tener consecuencias graves para la organización, desde importantes pérdidas económicas hasta incluso poner en riesgo la continuidad del negocio ya no es una novedad. Y si se tiene en cuenta que el malware y los delitos digitales continúan en aumento, el panorama es preocupante. La lista de “amenazas” es larga: robo o suplantación de identidad, fraude financiero, robo o difusión de información sensible o confidencial, entre muchas otras.

En este contexto las herramientas de firma digital están experimentando un claro crecimiento en todo el mundo, ya que refuerzan la protección en el intercambio de datos y hasta permiten dotar a la información con valor probatorio.

Sin embargo y a pesar de sus múltiples ventajas, no es de las tecnologías más difundidas en la Argentina. De hecho, fuera de ciertos ámbitos de la administración pública, su nivel de adopción ha sido casi nulo, a pesar de los casi ocho años trascurridos desde la sanción de la ley que le otorgó el mismo status legal que a la firma manuscrita y a dos de establecido el marco normativo aplicable al otorgamiento y revocación de licencias para emitir certificados digitales.

Pero hace apenas unos días, AFIP dio a conocer una serie de medidas para agilizar y controlar el comercio, que seguramente cambiarán este panorama. Entre ellas se encuentran el uso de la firma digital en los contratos de compra-venta de granos - según explicó el titular del organismo, "será el primer contrato con firma digital entre privados”. La entidad aprobó además la resolución 2651 mediante la cual establece el procedimiento para la emisión de certificados a los contribuyentes. Se trata sin duda de un avance importante y abre la posibilidad para que poco a poco las empresas comiencen a incorporar esta herramienta a sus procesos de negocio. Pero será una transición lenta.

En ese sentido, vale la pena mencionar que existe una gran confusión sobre que la firma electrónica (para lo que no se requiere un certificado asociado) tiene menos validez que la digital, una imprecisión que poco ha contribuido al despegue de estas tecnologías.

La realidad es que según la Ley 25.506 ambas tienen valor legal. La diferencia radica en el valor probatorio de cada una: en el caso de la firma digital existe una presunción "iuris tantum" en su favor; esto significa que se presume salvo prueba en contrario por parte del demandante que proviene del suscriptor del certificado asociado. En la firma electrónica se invierte la carga de la prueba: en caso de ser desconocida una firma, corresponde a quien invoca su autenticidad acreditar su validez. Por ejemplo, si A y B celebran un contrato firmado digitalmente y A alegara la invalidez de alguna de las firmas, le corresponde a A demostrarlo ante la ley. Si en cambio, el contrato se hiciera con firma electrónica, corresponde a la parte que asugura su autenticidad demostrarlo ante la ley y sólo en caso de no poder probarla, esa firma electrónica se considera inválida.

Nuestra experiencia en Europa indica que un factor importante para el despegue de la firma digital fue el incentivo del Estado (por ejemplo, beneficiando con devoluciones de impuestos en menor tiempo a quienes utilizaban los medios electrónicos). Pero sin duda lo que dio el impulso definitivo fue que el sector privado comenzar a incorporar a sus procesos de negocio las tecnologíasde firma para replicar en digital los procedimientos que se hacían en papel, manteniendo toda su integridad y validez. En nuestros 15 años de experiencia no ha habido ningún caso de repudio que haya llegado a un tribunal y que sepamos, en Europa no se ha dado esa situación. Y esto puedo lograrse tanto con la firma digital como con la electrónica.

Rodolfo Lomascolo nació en Argentina y es español por adopción. Se recibió de Ingeniero Industrial Superior, especializado en Ingeniería Mecánica, en la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona. Los últimos 12 años se dedicó al proyecto de ipsCA y es considerado uno de los pioneros de la firma electrónica y la certificación digital en España, así como experto en la materia.

De hecho, las principales cámaras argentinas del sector TI han llamado la atención sobre la eficacia de la firma digital en varios capítulos del documento Bases y lineamientos para una Agenda Digital Argentina. Pero también menciona que “si bien se ha avanzado en la materia, existen aplicaciones que utilizan métodos alternativos de autenticación en forma exitosa y que están siendo utilizadas masivamente sin generar repudio de transacciones”.

Argentina y Latinoamérica en general tienen la ventaja de comenzar a incorporar una tecnología ya muy probada y extendida en otros sitios. Se trata, en definitiva, de “perder el miedo”, a ser los primeros, a innovar. Los beneficios son muchos y están sólo un paso más adelante.

Más información: www.ipsca.com.